Así son las paradojas de la vida, ahora Fujimori dentro de unos días va a ser el vecino de celda de Amibael Guzmán, el que era Jefe de Sendero Luminoso, Wladimiro Montesinos, su asistente durante mucho tiempo, estáran los tres en las celdas que el mismo mando construir en la Base Naval del Callao en la Punta.
De momento, Fujimori ahora se encuentra en el complejo militar del fundo Barbadillo, donde pasará las primeras semanas de prisión.
El Gobierno peruano, le acusa de usurpación de bienes, allanamiento de la casa de Wladimiro Montesinos llevando un falso Fiscal para apropiarse de todos los videos que lo involucrarán en casos de corrupción.
Pocos días después de la llegada de Alberto Fujimori a Chile en un artículo se decía: "Con motivo de la súbita llegada de Alberto Fujimori Fujimori a Santiago, sus escuderos de siempre han tratado de presentar el caso como ‘un paso más’ en la estrategia del ex dictador para llegar a nuestro país y ser ungido candidato presidencial de los grupos que lo apoyan. Si tal es el caso, no cabe sino constatar que ha cometido un mayúsculo error.
Pues además de la inhabilitación política por 10 años que le impide ser candidato, ya se está viendo que AFF no gozará en Chile de las gollerías de las que disfrutaba en Tokio y que le permitían aparecer como peruano cuando hacía pronunciamientos políticos y como japonés en lo referente a su situación judicial, ello en función de su doble nacionalidad y de la protección que el gobierno nipón supo extenderle".
Hay dos elementos que contribuyen a complicar la situación de AFF. En primer lugar, la especial sensibilidad –debido al precedente Pinochet– que existe en Chile en materia de atropellos a los DDHH; en segundo lugar, el que su caso no sea similar a los de Daniel Borobio y Eduardo Calmell del Solar, quienes lograron impunidad debido a que las leyes sureñas no contemplan el delito de tráfico de influencias y solo consideran posible la existencia de peculado si se trata de funcionarios públicos.
Veintidós 22 meses después, AFF ha sido condenado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, el caso de los sótanos del SIE y otros cinco delitos de corrupción, que la Corte Suprema de Chile considera comprobados. Y otra vez tenemos al sátrapa tratando de pasar como gran estratega: "todo estaba calculado –declara– y ahora los delitos de los que se me acusaba han disminuido de cuarenta y cuatro a siete. Tal razonamiento es un autoengaño que, estamos seguros, ni siquiera él mismo cree.
Pues nunca hubo cuarenta y cuatro delitos sino veintidos. Diecisiete de ellos se convirtieron en cuadernillos de extradición, doce de los cuales fueron enviados a la Corte Suprema de Chile –que ha recogido siete– y el último no llegó a presentarse. Por lo demás, se trata de una estrategia bastante curiosa, pues no hace más de dos meses un desesperado AFF hacía valer otra vez su nacionalidad nipona para presentarse como candidato al Senado y tratar de ampararse en la inmunidad del cargo. Que no nos venga con cuentos de gran estratega, cuando lo cierto es que el consejo que le dio el hoy congresista Raffo para que viajara a Chile le ha salido caro, pues ha terminado en su retorno extraditado al Perú acusado por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. Con victorias así, para qué pensar en derrotas.
El New York Times dijo ayer, en la primera página de su portal, que el fallo chileno "podría sentar un importante precedente internacional para casos de extradición de ex Jefes de Estado que han cometido atrocidades y son requeridos por otros países. Ya no se tendría que acudir a mediadores internacionales o a los gobiernos. Así, la demanda de extradición podría ir directamente al Poder Judicial del país en que se encuentre la persona buscada".
Lo que el Times dice es que los crímenes de lesa humanidad, en esta época de la globalización, trascienden las fronteras y le conciernen al mundo entero. El planteamiento no es nuevo y uno de sus hitos clave fue la formación del Tribunal Penal Internacional en 1998, que debió juzgar a Milosevic, y el proceso, fallido, para extraditar de Inglaterra a España al propio Pinochet. La vuelta de tuerca que ha dado la Corte Suprema de Chile tiene peso propio en esta aún corta historia.
El respeto de los derechos humanos, entonces, está en la primera línea de los llamados "bienes públicos globales", como la defensa y preservación del medio ambiente (contra el calentamiento global) y la lucha contra el tráfico de drogas y de armas. En el 2002, la Conferencia de Financiamiento del Desarrollo de la ONU planteó la creación de un Tribunal Fiscal Internacional contra la evasión tributaria y los paraísos fiscales, pero la presión de los "lobbies" logró que la iniciativa no fuera considerada.
La importancia de estos hechos radica en el cuestionamiento a la globalización 'realmente existente', basada en una apertura económica y comercial que favorece, sobre todo, a las grandes empresas transnacionales. Como acaba de decir Rodrigo de Rato, Jefe del FMI (en un giro impresionante): "la globalización puede exacerbar la desigualdad". Otrosí: no es que "puede". De hecho la exacerba, como lo demuestra el "muro de la vergüenza" entre EEUU y México, ejemplo claro de que el TLC de 1992 no solucionó los problemas del empleo, la pobreza y la desigualdad.
En el caso peruano, la política económica neoliberal de Fujimori fue abiertamente apoyada por los partidarios de la liberalización a ultranza. El FMI supuestamente "no vio" la salida de centenas de millones de dólares de las cuentas de la privatización para la "compra" fraudulenta de armas en 1996-99 por la dupla Fujimori-Montesinos. Esta "fuga de capitales" violaba la Carta de Intención, que lo obligaba a un monitoreo estrecho, lo que sí hacía con el déficit fiscal y la política monetaria.
También Fujimori fue apoyado por el BID (le prestó US$ 2,700 millones) y el Banco Mundial (le prestó US$ 3,200 millones), que en esa época pregonaban que había que aprovechar cualquier "ventana de oportunidad" para poner en marcha las reformas económicas, incluso si se trataba de gobiernos autoritarios (ver "Burócratas haciendo negocios", Banco Mundial, 1995). Hoy, ambas instituciones se han autocriticado.
Si bien no va a ser juzgado por cuestiones económicas, Fujimori es el responsable de las leyes antiobreras que rigen hasta hoy (recién se están modificando, en parte). En "su" Constitución de 1993, en el Régimen Económico, se promulgaron los artículos que instauran la santidad de los contratos de estabilidad tributaria, la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial y el "trato igual" a la inversión extranjera. El APRA dijo que quería volver a la Constitución de 1979, promesa que ha incumplido.
También se promulgó el DS 120 94 EF, que permitía la doble depreciación de los activos revaluados que, según SUNAT, originó millonarias pérdidas al fisco. Muchos de los que colaboraron con él decían: "yo hago la reforma, no me interesa la política, aunque sea autoritaria". Como si una cosa y la otra fueran compartimientos estancos.
Ahora que Fujimori vuelve, gracias a la "globalización buena" –y al excelente trabajo de los jueces anticorrupción, así como de todos los peruanos demócratas–, es bueno recordar lo sucedido durante su régimen, en todos los ámbitos. También, que los reflectores mundiales estarán pendientes del juicio a Fujimori, pues trasciende el estrecho ámbito de nuestro territorio y se convierte en un punto de quiebre a favor del respeto a los derechos humanos, pues ellos le conciernen al mundo entero.
Lo que el Times dice es que los crímenes de lesa humanidad, en esta época de la globalización, trascienden las fronteras y le conciernen al mundo entero. El planteamiento no es nuevo y uno de sus hitos clave fue la formación del Tribunal Penal Internacional en 1998, que debió juzgar a Milosevic, y el proceso, fallido, para extraditar de Inglaterra a España al propio Pinochet. La vuelta de tuerca que ha dado la Corte Suprema de Chile tiene peso propio en esta aún corta historia.
El respeto de los derechos humanos, entonces, está en la primera línea de los llamados "bienes públicos globales", como la defensa y preservación del medio ambiente (contra el calentamiento global) y la lucha contra el tráfico de drogas y de armas. En el 2002, la Conferencia de Financiamiento del Desarrollo de la ONU planteó la creación de un Tribunal Fiscal Internacional contra la evasión tributaria y los paraísos fiscales, pero la presión de los "lobbies" logró que la iniciativa no fuera considerada.
La importancia de estos hechos radica en el cuestionamiento a la globalización 'realmente existente', basada en una apertura económica y comercial que favorece, sobre todo, a las grandes empresas transnacionales. Como acaba de decir Rodrigo de Rato, Jefe del FMI (en un giro impresionante): "la globalización puede exacerbar la desigualdad". Otrosí: no es que "puede". De hecho la exacerba, como lo demuestra el "muro de la vergüenza" entre EEUU y México, ejemplo claro de que el TLC de 1992 no solucionó los problemas del empleo, la pobreza y la desigualdad.
En el caso peruano, la política económica neoliberal de Fujimori fue abiertamente apoyada por los partidarios de la liberalización a ultranza. El FMI supuestamente "no vio" la salida de centenas de millones de dólares de las cuentas de la privatización para la "compra" fraudulenta de armas en 1996-99 por la dupla Fujimori-Montesinos. Esta "fuga de capitales" violaba la Carta de Intención, que lo obligaba a un monitoreo estrecho, lo que sí hacía con el déficit fiscal y la política monetaria.
También Fujimori fue apoyado por el BID (le prestó US$ 2,700 millones) y el Banco Mundial (le prestó US$ 3,200 millones), que en esa época pregonaban que había que aprovechar cualquier "ventana de oportunidad" para poner en marcha las reformas económicas, incluso si se trataba de gobiernos autoritarios (ver "Burócratas haciendo negocios", Banco Mundial, 1995). Hoy, ambas instituciones se han autocriticado.
Si bien no va a ser juzgado por cuestiones económicas, Fujimori es el responsable de las leyes antiobreras que rigen hasta hoy (recién se están modificando, en parte). En "su" Constitución de 1993, en el Régimen Económico, se promulgaron los artículos que instauran la santidad de los contratos de estabilidad tributaria, la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial y el "trato igual" a la inversión extranjera. El APRA dijo que quería volver a la Constitución de 1979, promesa que ha incumplido.
También se promulgó el DS 120 94 EF, que permitía la doble depreciación de los activos revaluados que, según SUNAT, originó millonarias pérdidas al fisco. Muchos de los que colaboraron con él decían: "yo hago la reforma, no me interesa la política, aunque sea autoritaria". Como si una cosa y la otra fueran compartimientos estancos.
Ahora que Fujimori vuelve, gracias a la "globalización buena" –y al excelente trabajo de los jueces anticorrupción, así como de todos los peruanos demócratas–, es bueno recordar lo sucedido durante su régimen, en todos los ámbitos. También, que los reflectores mundiales estarán pendientes del juicio a Fujimori, pues trasciende el estrecho ámbito de nuestro territorio y se convierte en un punto de quiebre a favor del respeto a los derechos humanos, pues ellos le conciernen al mundo entero.
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