Más
solo que marco en el Día de la madre el gobierno intento dialogar con la
oposición. La primera ministra Ana Jara
convocó a los líderes políticos
el 9 de febrero pasado. A estas alturas, gracias a la intransigencia de Alan y
Keico, ya se debe haber dado cuenta de que es inútil dialogar con políticos
cuyo objetivo es canalizar, como líderes de la oposición, el descontento
popular de cara a las elecciones del 2016.
El
mismo día comenzaba un conflicto social que advertía consecuencias trágicas en Pichanaki. Un paro indefinido
convocado por el frente de Defensa Ambiental, presidido por el etnocacerista
Carlos Chavarria, cual profecía auto cumplida, costó la vida de Ever Pérez Huamán y sumo 35 heridos más por armas de fuego.
No
era un conflicto nuevo. El paro ya había empezado en septiembre del ano pasado, pero fue suspendido gracias a
la promesa del gobierno de iniciar una mesa de dialogo.
El
dialogo nunca llego, como consta en el reporte
de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo emitido en enero de
este ano. En él se menciona el conflicto entre el frente de Defensa Ambiental y
la empresa Pluspetrol por los trabajos de exploración que la empresa argentina venía
realizando en el lote 108. Se lee claramente el rotulo “No hay dialogo”.
Este
informe dice, además, que en una asamblea que contó con la asistencia de unas
400 personas, se acordó retomar el paro indefinido el 9 de febrero. Como para
no creer en el viejo refrán que dice: “Guerra visada no mata gente”.
Podríamos
añadir que marginación y olvido, con el
caldo de cultivo de movimientos extremistas y que en el Perú no queremos
aprender de las heridas que la historia nos ha dejado.
Actualmente
existen 16 procesos de consulta en diferentes
regiones, cifra bastante magra si tomamos en cuenta que existen 140 conflictos socio ambientales
en todo el país según el citado informe, aunque claro, habría que analizar cuántos
de estos estarían enmarcados dentro de
los alcances de la ley.
Las
comunidades nativas de la zona, que no participaron en el paro indefinido convocado por el Frente
de Defensa Ambiental, dicen que no se realizó el proceso de consulta previa
antes del inicio de las actividades de exploración de Pluspetrol, como manda la
Resolución Ministerial Número
350-2012-MEM –DM.
De
haberse realizado esta consulta, se habría tenido que identificar a los pueblos
indígenas participantes, ofrecer información clara y oportuna, y llevar a cabo
un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de las comunidades.
De
acuerdo con los principios invocados para realizar un proceso de cnsulta
previa, “debe existir un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”…
estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas
antidemocráticas”, lo que dejaría sin piso a los grupos extremistas que pretenden aprovechar la falta de
información de la población.
Tanto
el Estado como las empresas que realizan actividades extractivas en los territorios de comunidades nativas deberían entender que el dialogo es la mejor medida preventiva
para asegurar la paz social, el éxito de sus inversiones y el fortalecimiento
del Estado de derecho.
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