Desde la Asociación de Residentes
Peruanos en Asturias, queremos mostrar nuestra indignación y preocupación con
un Real Decreto que quita el papel y la
dignidad humana de ciudadanos ante la salud, que saca fuera a mayores de 26
años que no hayan trabajado, y a los
inmigrantes “sin papeles”, aduciendo que incrementa el coste de los
medicamentos para la población en general y pensionistas, que introduce el
copago sanitario y otras prestaciones. La verdad nos sentimos indignados.
Nosotros, hemos venido a la Madre Patria
en busca de un trabajo digno, nos damos
ahora con esta sorpresa de que a muchos inmigrantes “irregulares” se les va a denegar la tarjeta
sanitaria en nuestra Comunidad, siendo
derecho universal adquirido.
El Real decreto 16/2012 en el artículo 1
apartado 3, nos explica la asistencia sanitaria en situaciones especiales
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes
en España recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
-
De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa,
hasta la situación de alta médica.
-
De asistencia al embarazo, parto o posparto.
-
En todo caso los menores de 18 años recibirán asistencia sanitarías en las
mismas condiciones que los españoles.
Hace algunas semanas el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se hizo eco de las demandas de las
organizaciones de la sociedad civil y cuestiona los recortes sociales en
respuesta a la crisis.
Tras la comparecencia del Estado español
ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
el Comité ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de
protección efectiva de derechos como la vivienda, salud, educación, trabajo,
entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.
El Comité hace especial hincapié en la
insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos
negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y
establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos
humanos guíen sus estrategias de recuperación económica. El Comité también le
recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad
implementadas, mantengan el nivel alcanzado y más aún mejorando la protección
de los derechos económicos, sociales y culturales y no perjudiciales para estos derechos.
En sus recomendaciones finales, el Comité
pide a España revisar las medidas de austeridad, por perjudicar de forma
“desproporcionada” y “autoritaria” a los
colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas sin
recursos, mujeres, niños, personas con
discapacidad, adultos y jóvenes
desempleados, las personas sin hogar, los migrantes y los solicitantes de
asilo. Asimismo, recuerda al Estado que es precisamente en tiempos de crisis
económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los
derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de
las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
El Comité recomienda “vigorosamente” que
el Estado adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza
que incluya “medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos
adversos de la crisis”. El Comité destaca las altas tasas de pobreza infantil y
la situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es,
en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, muestra su
preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que venimos arrastrando
e incrementándose a la fecha, afectando especialmente a las personas jóvenes,
inmigrantes, y las personas con discapacidad. Pide al Estado “evitar cualquier
retroceso” en este ámbito, ¨incluyendo en materia de protección de los derechos
laborales de los trabajadores”. Mostrando inquietud ante la congelación del
Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digna
y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.
Refiriéndose al reciente Decreto-ley
16/2012 sobre la reforma sanitaria el Comité pide al Estado que asegure el
acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado,
cualquiera que sea su situación legal, en consonancia con el principio de
universalidad de las prestaciones sanitarias.
Reconociendo la situación de las personas
con hipotecas impagables, recomienda al Estado que “impulse una reforma
legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda
hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad
de las entidades bancarias”. Además, señala la necesidad de “aumentar la oferta
de vivienda social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar
un marco legislativo que establezca salvaguardas de derechos humanos que deben
cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del Estado
de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como de recopilar
datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar medidas de
rehabilitación adecuada.
Referente a la educación el Comité critica
que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y
afirma que las medidas adoptadas por el Estado que incrementan las tasas
universitarias son “regresivas” y ponen “en riesgo el acceso de las personas y
grupos desfavorecidos” a la educación universitaria. Recomienda al Estado que
asegure “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” en
educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano,
y el bajo nivel de la enseñanza, que llevamos desde hace bastante tiempo y que
duplica la media de la UE.
Las organizaciones sociales piden que las
autoridades implementen las recomendaciones La coalición de 20 organizaciones
que presentaron sus preocupaciones ante el Comité DESC, manifiesta su
satisfacción porque las recomendaciones del Comité reflejan en gran parte las
preocupaciones que presentaron en Ginebra. Estas recomendaciones constituyen un
marco de referencia para los programas y estrategias del estado en el contexto
de la crisis y al mismo tiempo una agenda para la acción ciudadana sobre la
protección de los derechos económicos, sociales y culturales en España.
La coalición de organizaciones insta al
gobierno español y a todas las autoridades pertinentes a implementar como
prioridad las recomendaciones del Comité, que derivan de las obligaciones
jurídicamente vinculantes del PIDESC, y a poner fin al retroceso de los
derechos económicos, sociales y culturales señalado por Naciones Unidas. Las
organizaciones velarán porque estas recomendaciones sirvan de herramienta para
exigir que el Estado español cumpla con sus obligaciones internacionales y
constitucionales en materia de derechos humanos aun en tiempos de crisis.
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