La Seguridad en estos últimos años
ha cobrado vital importancia en las Políticas
de Estado, pues se está viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el
derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizá la problemática
específica en este tema de Seguridad
Ciudadana está en lo urbano más que en lo rural, vinculado
principalmente con el aumento de la delincuencia,
alarmantes cifras de homicidios,
robos, afectando el normal desarrollo del Capital
Humano.
Por esta
razón nos parece interesante plantear un tema de esta magnitud, realizando así
un análisis de la
Delincuencia Común, sus principales actores, su dinámica, y sus consecuencias.
Con el
presente trabajo pretendemos
contribuir al mejor conocimiento de
la situación delincuencial en el Perú, a pesar de las limitaciones y posibles
errores de este proyecto de investigación.
La criminalidad
y violencia en el mundo
constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que
exige la necesidad de implementar medidas Concretas para disminuir la violencia
urbana en las principales ciudades del país, en particular contra la
delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población.
Esta
violencia obedece a muchos factores causales de índole socioeconómico y
cultural, donde la familia, la escuela,
la comunidad y los medios de
comunicación constituyen espacios de socialización muy importantes;
sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara orientación de
sus objetivos, contribuyendo a
una débil formación ciudadana.
La
criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias
de la violencia contemporánea. Las ciudades enfrentan altas tasas de
delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos
libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de
tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle,
lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para
un desarrollo sostenido.
Históricamente
las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la
violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales
como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevado sus
índices tornándose más agresivas y temerarias.
¿Cuál es el
impacto de la participación de la ciudadanía en
la seguridad ciudadana en el Perú?
Demostrar
que a través de los nuevos enfoques de prevención del delito, los que prevalece la
participación de la sociedad, existe una mayor probabilidad de éxito en el combate a la
delincuencia.
Analizar si
la participación ciudadana, forma
parte de una nueva política criminal.
• Comparar,
los métodos tradicionales de
procuración de justicia con
los nuevos modelos de
seguridad ciudadana.
•Criticar,
los modelos tradicionales de procuración de justicia.
Actualmente
la participación en las estructuras sociales
como lo es la previsión contar la delincuencia es de vital importancia, ya que
se trata de una necesidad histórica pues refleja que el hombre es actor y artesano de
su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho fundamental,
sin el cual no podrá hablarse de democracia.
Dicha
participaciones ha traducido en la aparición de nuevos enfoques de seguridad
que se distinguen de los sistemas tradicionales
de prevención y represión, pues en los primeros se encuentra una participación
activa de la sociedad y en los segundos se trata de las soluciones clásicas establecidas
únicamente por las autoridades.
Por lo que
es importante fomentar esta participación ciudadana como parte de una política
criminal, a fin de disminuir los índices de delincuencia y eliminar el
sentimiento de inseguridad pero
principalmente para regular los alcances de la participación ciudadana,
evitando la justicia por propia mano, a fin de reguardar los derechos
fundamentales mediante la preservación de un estrado
de derecho, beneficiando a todos y cada uno de los individuos ya que la
seguridad es pilar fundamental para la sobrevivencia y progreso de toda
sociedad civilizada y la razón de la existencia del estado.
Con el
advenimiento de la crisis económica
en la década del ochenta, se cierra una época, en la cual el crecimiento económico y las
características del estado de bienestar permitieron un incremento de la
participación de ciertos segmentos importantes de la población.
Hoy, la situación es diametralmente
opuesta. Frente a la crisis económica, a las políticas de ajuste
implantadas, a los procesos de modernización estatal y a la apertura
económica, se observa el aumento de las violencias urbanas y el deterioro
ambiental, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social
y económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y
ambiental.
En este contexto, América Latina se
ha convertido en uno de los continentes más violentos del mundo, si nos atenemos
a las tasas de homicidios.
La violencia crece en las
ciudades a un ritmo superior a la urbanización, convirtiéndose en uno de los
factores más importantes de la calidad de vida de la población urbana.
No hay dominio de la vida citadina donde las violencias no hayan
penetrado dejando efectos devastadores.
El mundo urbano es el modo de vida
fundamental para la mayoría de los latinoamericanos y, en este contexto, la
violencia comienza a marcar las relaciones entre sus habitantes: inseguridad,
desamparo, agresividad, autodefensa, etc., con lo cual la población restringe
su condición de ciudadanía y la ciudad disminuye su cualidad de
espacio público por excelencia.
América del sur es la región donde se
presenta un índice de criminalidad bastante alto. Este índice se mide por la
tasa de homicidios ya que es una cifra relativamente fácil de registrar. La
criminalidad alta, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, se da en
ciudades de El Salvador, Brasikl, Colombia, Guatemala, México. Otros de
criminalidad baja, con 0.5 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes como las
ciudades de Costa Rica, Chile y Uruguay.
En el Perú, como en el resto de América
Latina, buena parte del debate público acerca de cómo enfrentar la
inseguridad gira en torno de cómo hacer más eficaz y más severa la
pena de los hechos delictivos. Como si la única respuesta posible fuese
encerrar a un número cada vez mayor de jóvenes; como si las cárceles no
estuvieran ya abarrotadas y sobre pobladas. No cabe duda de que cualquier
política de seguridad pública debe contemplar el fortalecimiento del
sistema penal, para hacer que las instituciones que lo integran sean
más eficientes. Pero restringir las políticas públicas de seguridad al ámbito
de lo penal, y, peor aún, pretender resolver los problemas incrementando
las penas para que el mayor número de conductas se castiguen con cárcel (y con
el mayor número posible de años de encierro), es un grave error. Es el error al
que conducen las llamadas políticas de "mano dura".
Tres son las principales formas de
prevención:
La primera, la situacional, tiene por
objeto reducir los incentivos para el delito al aumentar las
dificultades y los riesgos para el delincuente. Un candado, una reja,
una alarma son los típicos instrumentos a través de los cuales se hace
prevención situacional. También se logran similares propósitos cuando se
ilumina una calle peligrosa, se clausura un local donde se expenden bebidas
alcohólicas ilegalmente y se restablece el orden en el escenario urbano
La segunda es la social, y persigue actuar
sobre las condiciones que dan pie a los hechos delictivos, los llamados
factores de riesgo. Mientras que la prevención situacional actúa sobre el
entorno, la social lo hace sobre las circunstancias que pueden llevar a alguien
a delinquir. Los factores de riesgo más conocidos son el alcohol, las
drogas, y las armas de fuego. El trabajo con jóvenes o niños de
la calle es otra forma de hacer prevención social. En el Perú, Cedro tiene
una experiencia muy rica y alentadora con estos grupos especialmente
vulnerables; sin embargo, la acción del Estado es casi inexistente.
La tercera forma de prevención es la
comunitaria, que combina aspectos de las dos primeras, pero que lo hace desde
el involucramiento de la comunidad. Es gracias al papel que esta juega que se
identifican las circunstancias del entorno que favorecen el delito y los
factores de riesgo, así como a los grupos vulnerables que es necesario atender
prioritariamente.
Para enfrentar estos problemas, tanto en
lo social y preventivo cuanto en lo represivo, se requiere no solo liderazgo es
decir, ganas de ejercer la autoridad de que se está investido—, sino
también más y no menos Estado. Por donde uno va se encuentra con comisarías
abandonadas, patrulleros malogrados, policías desmotivados y desinformados,
jueces desprotegidos y sobrecargados de trabajo, maestros exclusivamente
preocupados por la negociación del próximo pliego de reclamos. Sin
funcionarios e instituciones públicas no puede haber políticas públicas; sin
ellos no puede haber Estado, y sin este no hay prevención y persecución posible
del delito. Extremos, es decir, personas que tienen un gasto per cápita
superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al valor de
la canasta básica de consumo.
La comparación de las cifras de la
pobreza entre el 2006 y 2007, permite constatar una disminución de la tasa
de pobreza en 5,2 puntos porcentuales, al haber pasado de una
incidencia de 44,5% al 39,3%.
Durante estos años, la extrema pobreza se
redujo en 2,4 puntos porcentuales, al pasar de 16,1% a 13,7%.
Situación actual de la delincuencia en
el Perú
El Perú tiene un índice de criminalidad de
12,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, menos que en Brasil que tiene
entre 24 y 24.9 homicidios por cada 100.000, que en México que tiene entre 20 y
20.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y que en Colombia que tiene el
índice de criminalidad más alto del mundo, con 77 a 77.9 homicidios por cada
100.000 habitantes.
Tasa de criminalidad por cada 100.000
habitantes
La sensación de inseguridad que
experimentamos por el aumento del crimen y la delincuencia y por las
dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan
la calidad de nuestra vida personal y familiar, así como a
nuestras democracias.
El Termino "Seguridad
Ciudadana", ha sido muy extraño en la doctrina cristiana y legislación
política, hasta la última Constitución Política del año 1999.
Esta expresión de Seguridad Ciudadana es
originaria de España. Donde existen normas y leyes como la ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana que tiene por objetivo la
protección, prevención, garantía que se tenga que dar a los ciudadanos para que
puedan intervenir libremente, y con las garantías correspondientes a fin de
tener una tranquilidad, paz y seguridad tanto de los bienes, como de las
personas que representa la vida en la comunidad.
En este País la policía tiene a su cargo
la seguridad pública y la seguridad ciudadana es parte de ella, donde tiene
la responsabilidad, el control de diversos problemas
sociales.
El concepto de la seguridad
ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en
América Latina. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta
cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término
pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de
la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas
y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado.
Existen múltiples conceptos y nociones del
término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede
variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice. Por
ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a
riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes) de tránsito, desastres
naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran
mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad:
Primero, se refiere a una condición o un
estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en
peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término
tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que probablemente
es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona "como un
objetivo a perseguir" por ejemplo, define la seguridad ciudadana como
"la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de
violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros."
Segundo, se refiere a políticas públicas
encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se
refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de
seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese
sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.
"La causa por la cual se origina la
seguridad ciudadana es por la inseguridad ciudadana, La inseguridad ciudadana
se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros,
violaciones, de los cuales podemos ser víctimas". Hoy en día, es una de
las principales características de todas las sociedades modernas, y
es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha
desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación,
presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las
causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se
detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas;
las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de
los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable
que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como
otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de
delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra
causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos
genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas
personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las
consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre
de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra
las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las
personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
En conclusión, la inseguridad ciudadana
puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que
disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la
criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los
sectores de la sociedad.
Una de las herramientas más
importantes para controlar y prevenir la violencia y la criminalidad, es una
policía eficiente, cercana a la ciudadanía, transparente y democrática, en este
aspecto el gobierno ha venido trabajando; sin embargo, en los
actuales momentos no se cuenta con una Policía Nacional, solamente poseemos el
marco jurídico (Ley de Policía Nacional) y contamos con una policía
desarticulada distribuida en policía Estado y Municipal coordinada por el MPPRIJ, que
presenta una serie de limitaciones en articular los diferentes cuerpos
policiales existentes en el país, entre estas limitantes tenemos: la
politización de la Seguridad; Los Narco – Policías; Escasos recursos con
los que cuentan algunos entes policiales; Altos niveles de corrupción dentro
de los Organismos Policiales; .
Inadecuados mecanismos de rendición de
cuentas; Falta de apertura a la comunidad; Malas relaciones con los gobiernos
locales; Desconfianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales;
El Gobierno consciente de esta
problemática ha realizado una serie de planes y programas dirigidos a
minimizar esta situación tales como: Depuración de los cuerpos policiales; Dotación
de armas y equipos.
Coordinación entre los diferentes
cuerpos policiales; Formación, capacitación e instrucción de los
funcionarios; Unificación de criterios; Servicio telefónico del Sistema de
Emergencia Nacional 171; .
Entrega de la Policía Metropolitana (PM),
por parte de la Alcaldía Mayor al Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Interiores y Justicia.
CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA.
El registro, sistematización,
procesamiento y análisis de información sobre criminalidad y delincuencia, es
parte del conjunto de elementos fundamentales para el desarrollo de
una política de Seguridad Ciudadana, ya que sin informaciones de calidad, es
imposible obtener un diagnóstico serio de la magnitud del problema,
ni planificar o evaluar las diferentes políticas públicas. Por ello, un
diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y de los factores
criminógenos en los diferentes Estados y Municipios de Venezuela, debe
tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y variables, además de
las estadísticas delictivas.
En una ciudad como Lima y Callao, lo
previsible es que cuando se pregunte en una encuesta de opinión cuál
es el principal problema que afecta a la ciudad, salga en primer lugar el
desempleo o la pobreza.
Sin embargo, la (in)seguridad ciudadana ha
desplazado a estos históricos problemas en la preocupación de las personas
según la encuesta aplicada en junio del 2010. A la pregunta "¿Cuáles cree
que son los tres principales problemas que afectan a la ciudad de Lima ó
Callao?" el 74% contestó
"La delincuencia/la falta de
seguridad ciudadana", en tanto que el 60% contestó
"El desempleo/La falta de
trabajo". En nuestra opinión, este es otro indicador del deterioro de la
seguridad en Lima y Callao en los últimos años.
Al respecto, el "Informe sobre
seguridad ciudadana
y derechos humanos " de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma esta
tendencia no sólo en el Perú sino también en América Latina: "Por primera
vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado
al desempleo como la principal preocupación para la Población…".[9]
Al respecto, cabe recordar que el
"Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" de la CIDH ha
señalado que "27. Preocupa especialmente a la Comisión que entre las
víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños,
niñas y jóvenes de entre
15 y 29 años de edad, con una tasa de
homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que
para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras
que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos,
se eleva a 89.7/
100.000. También en este caso la región
registra la tasa de violencia más alta del mundo"
La Participación Ciudadana es cuando
nosotros los ciudadanos intervenimos en la vida pública y privada del país en
el ámbito público deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la
medida en que existe un Poder (Estado, Administración Pública) y un no
poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir "tomar parte" o
ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea
mediante la información, el control, la participación en la gestión,
etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes partes,
"ser partícipe de Si (administración) /administrados,...) la relación
dependerá del poder que tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de
los otros casi nulo, la participación será muy difícil. Algo que se
"otorga graciosamente" por los que ostentan el poder. En definitiva,
un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen,
individual y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros súbditos
y son, por lo tanto, más sujetos.
El objetivo que persigue la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, por tanto, que darle
contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia
significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo que se conoce como
"democracia participativa". En contraposición, cuando en un país sólo
se practican algunas de las libertades básicas (voto cada cuatro años, podemos
hablar de "democracia formal". En las sociedades complejas la
participación persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos
sociales, con más capacidad para transformar el medio en que viven y de control
sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos. Requisitos para
poner en marcha un proceso de participación.
Desde un órgano de gobierno, a cualquier
nivel (ya sea una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, o, incluso, la Junta
Directiva de una Asociación) tenemos que tener en cuenta que, si queremos poner
en marcha un proceso participativo, para que la participación sea sostenible,
se dé a lo largo del tiempo, se deben de cumplir tres requisitos: poder,
saber y querer (Equipo Claves, 1994). Condiciones para la participación:
- Poder. Crear cauces que la permitan,
normas, mecanismos, estructuras, organización. Es el primer paso imprescindible
para poner en marcha cualquier proceso de fomento de la participación.
- Saber. Capacidad, conocer cómo,
habilidades, destrezas,... lo cual exige aprendizaje, saber unas técnicas.
- Querer. Incentivar la participación,
mostrar que participar es algo satisfactorio, creativo. Explicar las razones,
los motivos para participar, qué es algo útil para la sociedad y para nosotros
mismos. Crear motivación, interés, deseo... es tal vez lo más difícil o lo que
más fácil se nos olvida de explicar a los que estamos acostumbrados a
participar en los asuntos públicos.
Por lo tanto y para que los ciudadanos
quieran la participación, debe de ser eficaz, que la ciudadanía la vea como
algo que les es útil, que sirve en lo concreto y que se tienen en cuenta sus
opiniones y los compromisos acordados, que hay resultados públicos verificables
y evaluables.
El principio de una "persona igual
a un voto" es básico para todo sistema que quiera ser democrático, para
cualquier sociedad y, en la actualidad, para cualquier lógica. Eso no
quita que dicho principio haya sido utilizado para eliminar la acción colectiva
o, incluso, para evitar la discusión: si ante un problema colectivo lo que se
hace desde el ámbito del Poder (institución pública o estructura administrativa)
es forzar la votación, sin un debate previo. Siempre que se vota se está
eligiendo entre varias posibilidades, siempre reducidas, escasas y excluyentes.
"Eso no evita que, ante un problema
existente en la sociedad, que se puede solucionar mediante una acción o una
actividad, después del debate habrá que optar y elegir cual es la actividad a
realizar más adecuada, y para ello el sistema más democrático es, en última
instancia, votar". Por lo que no existiría otra lógica más democrática
diferente a ésta, a menos que se obligue al voto sin más. Si se
"obliga" ya deja de ser democrática, si se impide el debate y la
acción colectiva, no existe posibilidad de voto democrático.
Democracia implica considerar a cada
persona como un universo distinto y, a la vez, con los mismos
derechos y obligaciones que los demás (supone también, una persona =
un voto).
Históricamente podemos decir que las
sociedades tienen su origen en una organización local simple, con existencia
sólo de sistemas autoritarios y/o de democracia comunal, directa y
participativa, sin necesidad de la democracia representativa (que aparece con
posterioridad). Pero esto ya es historia.
También hoy en día puede existir la
democracia "sin representantes" en el interior de grupos y colectivos
e, incluso, en núcleos de población (comunidades y municipios pequeños) que se
rigen por el sistema del Concejo Abierto, reconocido por nuestra legislación,
pero no son un universo aislado del resto de la sociedad. Las sociedades
complejas necesitan mecanismos de representación para funcionar
democráticamente, más allá de la democracia directa que se puede dar para
determinados ámbitos y procesos concretos.
Es habitual, desde los ámbitos del poder
institucional, confundir participación con información. Sin embargo, la
información es sólo el primer nivel, o requisito previo, por el que se abren
vías para la participación. Así podemos distinguir los siguientes niveles:
1. Información/Formación. Tener
información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible para
que pueda existir la participación de los afectados por dichas actuaciones.
Información implica también Formación: la información que no es entendida no
sirve, por lo tanto a veces es necesaria una labor previa de formación. Por
ejemplo, para iniciar un proceso de participación ciudadana en urbanismo es
necesario informar no sólo de lo que el ayuntamiento quiere realizar sino,
previamente, de las diferentes posibilidades existentes con arreglo a las
normativas legales, las repercusiones económicas y sociales de los procesos
urbanísticos, etc.
2. Consulta y Debate. Significa que los
afectados den su opinión, realicen sugerencias y alternativas, y se abra una
fase de diálogo entre administración y ciudadanos. Esta
segunda fase es la continuidad natural de la anterior. Después de la
información entendida los ciudadanos darán su opinión de una forma madura.
Desde el principio la ciudadanía opina. Mediante la Información y la Consulta
podremos posibilitar llegar a propuestas de consenso que, a la larga, serán más
eficaces y útiles que las realizadas sin participación.
3. Participar en la gestión: la gestión
compartida o trabajo en común (Cogestión). Toma de decisiones conjunta
y ejecución compartida por los miembros de una colectividad. Es el nivel de la
participación que tiende hacia formas de cogestión y autogestión
ciudadanas"(.hablaba de ocho niveles de participación, incluyendo los tres
citados. La participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar el
desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de
la comunidad al quehacer político. "Está basada en varios mecanismos para
que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera
independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o
de un partido político".
Planificando la participación ciudadana
"Para que la participación pública
tenga éxito y sea eficiente, debe estar bien planificada tal y como
se recoge en el "Manual Europeo sobre Toma de Decisiones y participación
pública", en cuya elaboración el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid tuvo un papel relevante)."
Esquema de planificación de
participación pública
Análisis previo La preparación de un
proceso de participación exige un análisis detallado de cómo integrarlo en el
proceso de toma de decisiones, qué agentes pueden estar interesados y cómo
pueden incorporarse en su participación y comentarios en el proceso, para lo
cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a
la larga producirá un mejor análisis.
Integración con la toma de decisiones Una
de las características más importantes de una participación eficaz es que forme
parte de un proceso integral de toma de decisiones, esto es, que haya una
relación clara entre las actividades de participación y toma de decisiones. Por
ello, planificar la estrategia de participación resulta de gran utilidad.
Revisión de la gestión Una estrategia de
participación proporciona al equipo gestor la información necesaria para fijar
los recursos necesarios para poder interpretar mejor los aspectos más críticos
e identificar cualquier posible problema desde el principio del proyecto.
Revisión por los agentes involucrados Una
forma de aumentar la credibilidad de un proceso de toma de decisiones
potencialmente controvertido consiste en dar a los agentes la posibilidad de
revisar la estrategia de participación.
Documentación y seguimiento Por si hubiera
dudas sobre la idoneidad de una determinada estrategia de participación, es
importante que exista un documento de estrategia que fije los motivos de las
actividades desarrolladas en este sentido y defina el método de evaluación y
seguimiento del proceso de participación.
El nuevo rol del
estado local.
"La pobreza y la falta de
oportunidades de trabajo se han convertido en factor de permanente presan sobre
el medio ambiente. La ampliación innecesaria de la frontera agrícola,
debido a la inadecuada distribución de la propiedad territorial, ha
aumentado alarmantemente el proceso de deforestación y
desertificación; el manejo inadecuado de recursos naturales como la tierra y las fuentes de agua,
han ido erosionando los suelos y agotándolas fuentes hídricas,
provocando el aumento en los costos de producción agropecuaria y
encareciendo el suministro de agua potable."Por su parte, la
industrialización contaminante, principalmente en los países más ricos (con el
consiguiente aumento del parque automotor), han incrementado la emisión
de gases, los cuales han ido destruyendo la capa de ozono del
planeta, provocando serios desajustes en el comportamiento del clima, lo
que a su vez ha provocado el aumento de desastres naturales, altamente costosos
en términos económicos y sociales.
La respuesta a la relación entre pobreza y
medio ambiente pasa, de acuerdo a este enfoque, por la combinatoria
de las capacidades y los recursos con que cuentan los individuos y los grupos
para procurarse sus medios de vida y progresar, teniendo a las instituciones
como los mecanismos básicos a través de los cuales las capacidades y los
recursos se actualizan en tanto derechos: "Así, las personas cuentan con
sus capacidades individuales y con el acceso a los recursos, naturales y
creados, como medios para vivir y progresar, a través de diferentes
instituciones que les dan derechos a hacer valer sus capacidades o a utilizar
los recursos"
Al respecto señalan Jordi Borja y Manuel
Castells: "La dificultad para los gobiernos locales es sin embargo, por un
lado, su dependencia administrativa y su escasa capacidad de recursos
económicos; por otro lado, el riesgo de derivar hacia el localismo político y
el tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en
fundamentalismo. La reconstrucción de un estado flexible y dinámico, articulado
entre sus diferentes niveles, parece la única posibilidad histórica de superar
las tendencias disolventes de la sociedad de la información inscritas en la
dicotomía entre los flujos de poder y el particularismo de la experiencia, al
introducir una nueva perspectiva en la gestión de las ciudades".
La promoción económica
local, surge como una respuesta a la transformación productiva y tecnológica de
comienzos de los años 80 y particularmente como salida frente a la intensidad
del ajuste que incrementa notablemente el desempleo. Ante la imposibilidad de
influir en las políticas nacionales, condicionadas por los flujos mundiales de
poder, los estados locales, luego de aproximadamente una década de inacción y
actitudes solo reactivas, comienzan, en la década de los 90, a
implementar estrategias de cambio dirigidas por un lado a implementar
nuevos modelos de de desarrollo económico local y por otro
lado a asociarse y conectarse para aumentar así su información y su potencial
protagonismo en la economía de flujos y redes.
El esquema planteado requiere de los
directivos locales la asunción de nuevos roles.
Ser estrategas, lo que implica realizar un
análisis de la situación local y tener una visión sobre el futuro que permita
el diseño de políticas acordes a los objetivos estratégicos
planteados. Esta actividad es la que tiende a abrirse, en un abanico
innumerable de posibilidades, a través de la descentralización y la y
la participación ciudadana.
También se requiere el liderazgo y el
consenso necesario para impulsar la estrategia de cambio.
Por último, se requiere que los
gobernantes sean embajadores de la localidad que representan, ello incluye las
acciones de buena relación con otros municipios, con el gobierno regional,
con el estado nacional y con organismos internacionales y también la capacidad
para impulsar acciones de marketing local.
La participación
ciudadana en la gestión municipal.
Font y Gomá señalan que desde los años
setenta hasta hoy se refleja en la práctica algún tipo de crisis de confianza
ciudadana en el funcionamiento tradicional de las instituciones de la
democracia representativa. Por una parte se expresan tendencias hacia la apatía
política y el individualismo privatista conectadas con algunas tendencias
sociales de fondo: debilitamiento de identidades, desprecio por lo público,
decepciones por actos de corrupción, desconcierto ante la caída de
referentes políticos, despreocupación una vez conseguidas unas condiciones de
vida dignas, etc. Por otra parte empiezan a expresarse nuevas demandas
participativas enraizadas en una ciudadanía mucho más formada, con elevadas
capacidades críticas y altamente reflexivas.
Demandas que no entran en contradicción
con la democracia representativa pero tampoco encuentran fácil acomodo en ella.
Así la mayoría de los autores coinciden en la formación de nuevos instrumentos
de acción colectiva que se distinguen notoriamente de la estructura tradicional
de los partidos políticos, donde el ejemplo más claro son las ONGs, con el
condimento de ser organizaciones que tienen mayor facilidad de adaptación al
intangible y fluctuante mundo de los flujos de poder y la informatización.
También, señalan Font y Gomá, el engarce de estas articulaciones y valores de
nuevo tipo con el proceso político no se realiza por la vía electoral sino por
medio de la generación de espacios participativos en los procesos de definición
de problemas, de conformación de agendas, de diseño de políticas, de toma de
decisiones y de gestión de servicios. Espacios que, por una cuestión
básica de escala y proximidad, han tenido sus primeras configuraciones
en la esfera política local.
Una primera conclusión que salta a la
vista es el desigual desarrollo de criterios en torno a lo que es la seguridad
ciudadana. En las entrevistas realizadas tanto al personal de la
Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana como de FLACSO
se evidencia una preocupación por superar el concepto de seguridad pública y
avanzar hacia el de seguridad ciudadana, donde la Policía, juntamente con la
ciudadanía, los órganos encargados de la justicia, el sistema carcelario, los
medios, instituciones municipales y otras, confluyan en una visión integral del
problema y participen activamente en las soluciones. En cambio, en las
personas entrevistadas de la Policía predomina un concepto de seguridad
pública: la seguridad está a cargo de la Policía; la participación ciudadana no
tiene otro propósito que el de coadyuvar para que la Policía cumpla con su
misión; la articulación con otros sectores, como el Municipio, es una
oportunidad desde el punto de vista de la generación de recursos para la mejor
dotación de equipos.
La Corporación de Seguridad y Convivencia
Ciudadana incorpora el concepto de seguridad ciudadana en sus planes. Sin
embargo, no aparece como una estrategia clara la formación del personal de
Policía en esta manera de ver la seguridad. No se entiende de otra manera el
que el Comandante General y otros altos oficiales que están en relación directa
con la Corporación sigan manteniendo discursos que tienen que ver más con
la seguridad pública.
La Corporación tiene clara la misión de
dotar a la Policía de instrumentos tecnológicos que permitan luego evaluar si
es un cuerpo eficiente y confiable. Hay una percepción en la Corporación de que
la población ha juzgado negativamente a una Policía desprovista de
posibilidades para realizar una labor eficiente, y que hay que darle la oportunidad.
Hay cosas que se pueden hacer y que son
razonablemente eficaces. En primer lugar, hay que tener un buen diagnóstico y
entender el problema. Dejar atrás lo más emocional, lo más primitivo, lo más
intuitivo; el linchamiento, por decirlo de alguna manera.
Un segundo tema es que el Estado debe
tener una política pública, y este tiene que ser fruto de una discusión
nacional; tiene que haber coherencia entre el Congreso y el Ejecutivo; tiene
que haber estrategias de largo y mediano plazo; tiene que haber asignación de
recursos acorde con prioridad que se le quiera dar. Tiene que haber una
política pública, y como ciudadanos es necesario que tengamos capacidad de
fiscalización de estas políticas públicas. Y no estamos en cero: desde el
Ministerio del Interior avanzamos mucho al respecto, y esos avances podrían ser
retomados.
En tercer lugar, se debe continuar y
profundizar la reforma de la Policía Nacional, hoy abandonada a su suerte.
La Policía no es la única institución
importante para enfrentar el problema, pero es sin duda clave. Si no es
eficiente, cercana a la población, profesional y honesta, todo lo demás se cae.
En cuarto lugar, hay que redefinir las
prioridades internas en la Policía. Por muchas razones, la Policía ha tenido
como última prioridad la seguridad ciudadana.
Con una aguda escasez de
efectivos y dado lo imperioso de las amenazas o el impacto político inmediato
de los acontecimientos, sus prioridades han estado vinculadas a otros temas;
antes al terrorismo y hoy al mantenimiento del orden
público.
