miércoles, 27 de mayo de 2015

LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ


La Seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las Políticas de Estado, pues se está viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizá la problemática específica en este tema de Seguridad Ciudadana está en lo urbano más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital Humano.

Por esta razón nos parece interesante plantear un tema de esta magnitud, realizando así un análisis de la Delincuencia Común, sus principales actores, su dinámica, y sus consecuencias.
Con el presente trabajo pretendemos contribuir al mejor conocimiento de la situación delincuencial en el Perú, a pesar de las limitaciones y posibles errores de este proyecto de investigación.
La criminalidad y violencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas Concretas para disminuir la violencia urbana en las principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población.
Esta violencia obedece a muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana.
La criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia contemporánea. Las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido.
Históricamente las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevado sus índices tornándose más agresivas y temerarias.
¿Cuál es el impacto de la participación de la ciudadanía en la seguridad ciudadana en el Perú?
Demostrar que a través de los nuevos enfoques de prevención del delito, los que prevalece la participación de la sociedad,  existe una mayor probabilidad de éxito en el combate a la delincuencia.
Analizar si la participación ciudadana, forma parte de una nueva política criminal.
• Comparar, los métodos tradicionales de procuración de justicia  con los nuevos modelos de seguridad ciudadana.
•Criticar, los modelos tradicionales de procuración de justicia.
Actualmente la participación en las estructuras sociales como lo es la previsión contar la delincuencia es de vital importancia, ya que se trata de una necesidad histórica pues refleja que el hombre es actor y artesano de su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho fundamental, sin el cual no podrá hablarse de democracia.
Dicha participaciones ha traducido en la aparición de nuevos enfoques de seguridad que se distinguen de los sistemas tradicionales de prevención y represión, pues en los primeros se encuentra una participación activa de la sociedad y en los segundos se trata de las soluciones clásicas establecidas únicamente por las autoridades.
Por lo que es importante fomentar esta participación ciudadana como parte de una política criminal, a fin de disminuir los índices de delincuencia y eliminar el sentimiento de inseguridad pero principalmente para regular los alcances de la participación ciudadana, evitando la justicia por propia mano, a fin de reguardar los derechos fundamentales mediante la preservación de un estrado de derecho, beneficiando a todos y cada uno de los individuos ya que la seguridad es pilar fundamental para la sobrevivencia y progreso de toda sociedad civilizada y la razón de la existencia del estado.
Con el advenimiento de la crisis económica en la década del ochenta, se cierra una época, en la cual el crecimiento económico y las características del estado de bienestar permitieron un incremento de la participación de ciertos segmentos importantes de la población.
Hoy, la situación es diametralmente opuesta. Frente a la crisis económica, a las políticas de ajuste implantadas, a los procesos de modernización estatal y a la apertura económica, se observa el aumento de las violencias urbanas y el deterioro ambiental, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social y económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y ambiental.
En este contexto, América Latina se ha convertido en uno de los continentes más violentos del mundo, si nos atenemos a las tasas de homicidios.
La violencia crece en las ciudades a un ritmo superior a la urbanización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la calidad de vida de la población urbana. No hay dominio de la vida citadina donde las violencias no hayan penetrado dejando efectos devastadores.
El mundo urbano es el modo de vida fundamental para la mayoría de los latinoamericanos y, en este contexto, la violencia comienza a marcar las relaciones entre sus habitantes: inseguridad, desamparo, agresividad, autodefensa, etc., con lo cual la población restringe su condición de ciudadanía y la ciudad disminuye su cualidad de espacio público por excelencia.
América del sur es la región donde se presenta un índice de criminalidad bastante alto. Este índice se mide por la tasa de homicidios ya que es una cifra relativamente fácil de registrar. La criminalidad alta, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, se da en ciudades de El Salvador, Brasikl, Colombia, Guatemala, México. Otros de criminalidad baja, con 0.5 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes como las ciudades de Costa Rica, Chile y Uruguay.
En el Perú, como en el resto de América Latina, buena parte del debate público acerca de cómo enfrentar la inseguridad gira en torno de cómo hacer más eficaz y más severa la pena de los hechos delictivos. Como si la única respuesta posible fuese encerrar a un número cada vez mayor de jóvenes; como si las cárceles no estuvieran ya abarrotadas y sobre pobladas. No cabe duda de que cualquier política de seguridad pública debe contemplar el fortalecimiento del sistema penal, para hacer que las instituciones que lo integran sean más eficientes. Pero restringir las políticas públicas de seguridad al ámbito de lo penal, y, peor aún, pretender resolver los problemas incrementando las penas para que el mayor número de conductas se castiguen con cárcel (y con el mayor número posible de años de encierro), es un grave error. Es el error al que conducen las llamadas políticas de "mano dura".
Tres son las principales formas de prevención:
La primera, la situacional, tiene por objeto reducir los incentivos para el delito al aumentar las dificultades y los riesgos para el delincuente. Un candado, una reja, una alarma son los típicos instrumentos a través de los cuales se hace prevención situacional. También se logran similares propósitos cuando se ilumina una calle peligrosa, se clausura un local donde se expenden bebidas alcohólicas ilegalmente y se restablece el orden en el escenario urbano
La segunda es la social, y persigue actuar sobre las condiciones que dan pie a los hechos delictivos, los llamados factores de riesgo. Mientras que la prevención situacional actúa sobre el entorno, la social lo hace sobre las circunstancias que pueden llevar a alguien a delinquir. Los factores de riesgo más conocidos son el alcohol, las drogas, y las armas de fuego. El trabajo con jóvenes o niños de la calle es otra forma de hacer prevención social. En el Perú, Cedro tiene una experiencia muy rica y alentadora con estos grupos especialmente vulnerables; sin embargo, la acción del Estado es casi inexistente.
La tercera forma de prevención es la comunitaria, que combina aspectos de las dos primeras, pero que lo hace desde el involucramiento de la comunidad. Es gracias al papel que esta juega que se identifican las circunstancias del entorno que favorecen el delito y los factores de riesgo, así como a los grupos vulnerables que es necesario atender prioritariamente.
Para enfrentar estos problemas, tanto en lo social y preventivo cuanto en lo represivo, se requiere no solo liderazgo es decir, ganas de ejercer la autoridad de que se está investido—, sino también más y no menos Estado. Por donde uno va se encuentra con comisarías abandonadas, patrulleros malogrados, policías desmotivados y desinformados, jueces desprotegidos y sobrecargados de trabajo, maestros exclusivamente preocupados por la negociación del próximo pliego de reclamos. Sin funcionarios e instituciones públicas no puede haber políticas públicas; sin ellos no puede haber Estado, y sin este no hay prevención y persecución posible del delito. Extremos, es decir, personas que tienen un gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo.
La comparación de las cifras de la pobreza entre el 2006 y 2007, permite constatar una disminución de la tasa de pobreza en 5,2 puntos porcentuales, al haber pasado de una incidencia de 44,5% al 39,3%.
Durante estos años, la extrema pobreza se redujo en 2,4 puntos porcentuales, al pasar de 16,1% a 13,7%.
Situación actual de la delincuencia en el Perú
El Perú tiene un índice de criminalidad de 12,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, menos que en Brasil que tiene entre 24 y 24.9 homicidios por cada 100.000, que en México que tiene entre 20 y 20.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y que en Colombia que tiene el índice de criminalidad más alto del mundo, con 77 a 77.9 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes
La sensación de inseguridad que experimentamos por el aumento del crimen y la delincuencia y por las dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad de nuestra vida personal y familiar, así como a nuestras democracias.
El Termino "Seguridad Ciudadana", ha sido muy extraño en la doctrina cristiana y legislación política, hasta la última Constitución Política del año 1999.
Esta expresión de Seguridad Ciudadana es originaria de España. Donde existen normas y leyes como la ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que tiene por objetivo la protección, prevención, garantía que se tenga que dar a los ciudadanos para que puedan intervenir libremente, y con las garantías correspondientes a fin de tener una tranquilidad, paz y seguridad tanto de los bienes, como de las personas que representa la vida en la comunidad.
En este País la policía tiene a su cargo la seguridad pública y la seguridad ciudadana es parte de ella, donde tiene la responsabilidad, el control de diversos problemas sociales.
El concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado.
Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes) de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad:
Primero, se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona "como un objetivo a perseguir" por ejemplo, define la seguridad ciudadana como "la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros."
Segundo, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.
"La causa por la cual se origina la seguridad ciudadana es por la inseguridad ciudadana, La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas". Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.
Una de las herramientas más importantes para controlar y prevenir la violencia y la criminalidad, es una policía eficiente, cercana a la ciudadanía, transparente y democrática, en este aspecto el gobierno ha venido trabajando; sin embargo, en los actuales momentos no se cuenta con una Policía Nacional, solamente poseemos el marco jurídico (Ley de Policía Nacional) y contamos con una policía desarticulada distribuida en policía Estado  y Municipal coordinada por el MPPRIJ, que presenta una serie de limitaciones en articular los diferentes cuerpos policiales existentes en el país, entre estas limitantes tenemos: la politización de la Seguridad; Los Narco – Policías; Escasos recursos con los que cuentan algunos entes policiales; Altos niveles de corrupción dentro de los Organismos Policiales; .
Inadecuados mecanismos de rendición de cuentas; Falta de apertura a la comunidad; Malas relaciones con los gobiernos locales; Desconfianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales;
El Gobierno consciente de esta problemática ha realizado una serie de planes y programas dirigidos a minimizar esta situación tales como: Depuración de los cuerpos policiales; Dotación de armas y equipos.
Coordinación entre los diferentes cuerpos policiales; Formación, capacitación e instrucción de los funcionarios; Unificación de criterios; Servicio telefónico del Sistema de Emergencia Nacional 171; .
Entrega de la Policía Metropolitana (PM), por parte de la Alcaldía Mayor al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.
CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA.
El registro, sistematización, procesamiento y análisis de información sobre criminalidad y delincuencia, es parte del conjunto de elementos fundamentales para el desarrollo de una política de Seguridad Ciudadana, ya que sin informaciones de calidad, es imposible obtener un diagnóstico serio de la magnitud del problema, ni planificar o evaluar las diferentes políticas públicas. Por ello, un diagnóstico preciso de las condiciones de seguridad y de los factores criminógenos en los diferentes Estados y Municipios de Venezuela, debe tener en cuenta un amplio conjunto de informaciones y variables, además de las estadísticas delictivas.
En una ciudad como Lima y Callao, lo previsible es que cuando se pregunte en una encuesta de opinión cuál es el principal problema que afecta a la ciudad, salga en primer lugar el desempleo o la pobreza.
Sin embargo, la (in)seguridad ciudadana ha desplazado a estos históricos problemas en la preocupación de las personas según la encuesta aplicada en junio del 2010. A la pregunta "¿Cuáles cree que son los tres principales problemas que afectan a la ciudad de Lima ó Callao?" el 74% contestó
"La delincuencia/la falta de seguridad ciudadana", en tanto que el 60% contestó
"El desempleo/La falta de trabajo". En nuestra opinión, este es otro indicador del deterioro de la seguridad en Lima y Callao en los últimos años.
Al respecto, el "Informe sobre seguridad ciudadana
y derechos humanos " de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma esta tendencia no sólo en el Perú sino también en América Latina: "Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la Población…".[9]
Al respecto, cabe recordar que el "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" de la CIDH ha señalado que "27. Preocupa especialmente a la Comisión que entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre
15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/
100.000. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo"
La Participación Ciudadana es cuando nosotros los ciudadanos intervenimos en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado, Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir "tomar parte" o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea mediante la información, el control, la participación en la gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes partes, "ser partícipe de Si (administración) /administrados,...) la relación dependerá del poder que tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será muy difícil. Algo que se "otorga graciosamente" por los que ostentan el poder. En definitiva, un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más sujetos.
El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo que se conoce como "democracia participativa". En contraposición, cuando en un país sólo se practican algunas de las libertades básicas (voto cada cuatro años, podemos hablar de "democracia formal". En las sociedades complejas la participación persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos. Requisitos para poner en marcha un proceso de participación.
Desde un órgano de gobierno, a cualquier nivel (ya sea una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, o, incluso, la Junta Directiva de una Asociación) tenemos que tener en cuenta que, si queremos poner en marcha un proceso participativo, para que la participación sea sostenible, se dé a lo largo del tiempo, se deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer (Equipo Claves, 1994). Condiciones para la participación:
- Poder. Crear cauces que la permitan, normas, mecanismos, estructuras, organización. Es el primer paso imprescindible para poner en marcha cualquier proceso de fomento de la participación.
- Saber. Capacidad, conocer cómo, habilidades, destrezas,... lo cual exige aprendizaje, saber unas técnicas.
- Querer. Incentivar la participación, mostrar que participar es algo satisfactorio, creativo. Explicar las razones, los motivos para participar, qué es algo útil para la sociedad y para nosotros mismos. Crear motivación, interés, deseo... es tal vez lo más difícil o lo que más fácil se nos olvida de explicar a los que estamos acostumbrados a participar en los asuntos públicos.
Por lo tanto y para que los ciudadanos quieran la participación, debe de ser eficaz, que la ciudadanía la vea como algo que les es útil, que sirve en lo concreto y que se tienen en cuenta sus opiniones y los compromisos acordados, que hay resultados públicos verificables y evaluables.
El principio de una "persona igual a un voto" es básico para todo sistema que quiera ser democrático, para cualquier sociedad y, en la actualidad, para cualquier lógica. Eso no quita que dicho principio haya sido utilizado para eliminar la acción colectiva o, incluso, para evitar la discusión: si ante un problema colectivo lo que se hace desde el ámbito del Poder (institución pública o estructura administrativa) es forzar la votación, sin un debate previo. Siempre que se vota se está eligiendo entre varias posibilidades, siempre reducidas, escasas y excluyentes.
"Eso no evita que, ante un problema existente en la sociedad, que se puede solucionar mediante una acción o una actividad, después del debate habrá que optar y elegir cual es la actividad a realizar más adecuada, y para ello el sistema más democrático es, en última instancia, votar". Por lo que no existiría otra lógica más democrática diferente a ésta, a menos que se obligue al voto sin más. Si se "obliga" ya deja de ser democrática, si se impide el debate y la acción colectiva, no existe posibilidad de voto democrático.
Democracia implica considerar a cada persona como un universo distinto y, a la vez, con los mismos derechos y obligaciones que los demás (supone también, una persona = un voto).
Históricamente podemos decir que las sociedades tienen su origen en una organización local simple, con existencia sólo de sistemas autoritarios y/o de democracia comunal, directa y participativa, sin necesidad de la democracia representativa (que aparece con posterioridad). Pero esto ya es historia.
También hoy en día puede existir la democracia "sin representantes" en el interior de grupos y colectivos e, incluso, en núcleos de población (comunidades y municipios pequeños) que se rigen por el sistema del Concejo Abierto, reconocido por nuestra legislación, pero no son un universo aislado del resto de la sociedad. Las sociedades complejas necesitan mecanismos de representación para funcionar democráticamente, más allá de la democracia directa que se puede dar para determinados ámbitos y procesos concretos.
Es habitual, desde los ámbitos del poder institucional, confundir participación con información. Sin embargo, la información es sólo el primer nivel, o requisito previo, por el que se abren vías para la participación. Así podemos distinguir los siguientes niveles:
1. Información/Formación. Tener información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible para que pueda existir la participación de los afectados por dichas actuaciones. Información implica también Formación: la información que no es entendida no sirve, por lo tanto a veces es necesaria una labor previa de formación. Por ejemplo, para iniciar un proceso de participación ciudadana en urbanismo es necesario informar no sólo de lo que el ayuntamiento quiere realizar sino, previamente, de las diferentes posibilidades existentes con arreglo a las normativas legales, las repercusiones económicas y sociales de los procesos urbanísticos, etc.
2. Consulta y Debate. Significa que los afectados den su opinión, realicen sugerencias y alternativas, y se abra una fase de diálogo entre administración y ciudadanos. Esta segunda fase es la continuidad natural de la anterior. Después de la información entendida los ciudadanos darán su opinión de una forma madura. Desde el principio la ciudadanía opina. Mediante la Información y la Consulta podremos posibilitar llegar a propuestas de consenso que, a la larga, serán más eficaces y útiles que las realizadas sin participación.
3. Participar en la gestión: la gestión compartida o trabajo en común (Cogestión). Toma de decisiones conjunta y ejecución compartida por los miembros de una colectividad. Es el nivel de la participación que tiende hacia formas de cogestión y autogestión ciudadanas"(.hablaba de ocho niveles de participación, incluyendo los tres citados. La participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. "Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político".
Planificando la participación ciudadana
"Para que la participación pública tenga éxito y sea eficiente, debe estar bien planificada tal y como se recoge en el "Manual Europeo sobre Toma de Decisiones y participación pública", en cuya elaboración el Consorcio Regional de Transportes de Madrid tuvo un papel relevante)."
Esquema de planificación de participación pública
Análisis previo La preparación de un proceso de participación exige un análisis detallado de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones, qué agentes pueden estar interesados y cómo pueden incorporarse en su participación y comentarios en el proceso, para lo cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a la larga producirá un mejor análisis.
Integración con la toma de decisiones Una de las características más importantes de una participación eficaz es que forme parte de un proceso integral de toma de decisiones, esto es, que haya una relación clara entre las actividades de participación y toma de decisiones. Por ello, planificar la estrategia de participación resulta de gran utilidad.
Revisión de la gestión Una estrategia de participación proporciona al equipo gestor la información necesaria para fijar los recursos necesarios para poder interpretar mejor los aspectos más críticos e identificar cualquier posible problema desde el principio del proyecto.
Revisión por los agentes involucrados Una forma de aumentar la credibilidad de un proceso de toma de decisiones potencialmente controvertido consiste en dar a los agentes la posibilidad de revisar la estrategia de participación.
Documentación y seguimiento Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una determinada estrategia de participación, es importante que exista un documento de estrategia que fije los motivos de las actividades desarrolladas en este sentido y defina el método de evaluación y seguimiento del proceso de participación.
El nuevo rol del estado local.
"La pobreza y la falta de oportunidades de trabajo se han convertido en factor de permanente presan sobre el medio ambiente. La ampliación innecesaria de la frontera agrícola, debido a la inadecuada distribución de la propiedad territorial, ha aumentado alarmantemente el proceso de deforestación y desertificación; el manejo inadecuado de recursos naturales  como la tierra y las fuentes de agua, han ido erosionando los suelos y agotándolas fuentes hídricas, provocando el aumento en los costos de producción agropecuaria y encareciendo el suministro de agua potable."Por su parte, la industrialización contaminante, principalmente en los países más ricos (con el consiguiente aumento del parque automotor), han incrementado la emisión de gases, los cuales han ido destruyendo la capa de ozono del planeta, provocando serios desajustes en el comportamiento del clima, lo que a su vez ha provocado el aumento de desastres naturales, altamente costosos en términos económicos y sociales.
La respuesta a la relación entre pobreza y medio ambiente pasa, de acuerdo a este enfoque, por la combinatoria de las capacidades y los recursos con que cuentan los individuos y los grupos para procurarse sus medios de vida y progresar, teniendo a las instituciones como los mecanismos básicos a través de los cuales las capacidades y los recursos se actualizan en tanto derechos: "Así, las personas cuentan con sus capacidades individuales y con el acceso a los recursos, naturales y creados, como medios para vivir y progresar, a través de diferentes instituciones que les dan derechos a hacer valer sus capacidades o a utilizar los recursos"
Al respecto señalan Jordi Borja y Manuel Castells: "La dificultad para los gobiernos locales es sin embargo, por un lado, su dependencia administrativa y su escasa capacidad de recursos económicos; por otro lado, el riesgo de derivar hacia el localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en fundamentalismo. La reconstrucción de un estado flexible y dinámico, articulado entre sus diferentes niveles, parece la única posibilidad histórica de superar las tendencias disolventes de la sociedad de la información inscritas en la dicotomía entre los flujos de poder y el particularismo de la experiencia, al introducir una nueva perspectiva en la gestión de las ciudades".
La promoción económica local, surge como una respuesta a la transformación productiva y tecnológica de comienzos de los años 80 y particularmente como salida frente a la intensidad del ajuste que incrementa notablemente el desempleo. Ante la imposibilidad de influir en las políticas nacionales, condicionadas por los flujos mundiales de poder, los estados locales, luego de aproximadamente una década de inacción y actitudes solo reactivas, comienzan, en la década de los 90, a implementar estrategias de cambio dirigidas por un lado a implementar nuevos modelos de de desarrollo económico local y por otro lado a asociarse y conectarse para aumentar así su información y su potencial protagonismo en la economía de flujos y redes.
El esquema planteado requiere de los directivos locales la asunción de nuevos roles.
Ser estrategas, lo que implica realizar un análisis de la situación local y tener una visión sobre el futuro que permita el diseño de políticas acordes a los objetivos estratégicos planteados. Esta actividad es la que tiende a abrirse, en un abanico innumerable de posibilidades, a través de la descentralización y la y la participación ciudadana.
También se requiere el liderazgo y el consenso necesario para impulsar la estrategia de cambio.
Por último, se requiere que los gobernantes sean embajadores de la localidad que representan, ello incluye las acciones de buena relación con otros municipios, con el gobierno regional, con el estado nacional y con organismos internacionales y también la capacidad para impulsar acciones de marketing local.
La participación ciudadana en la gestión municipal.
Font y Gomá señalan que desde los años setenta hasta hoy se refleja en la práctica algún tipo de crisis de confianza ciudadana en el funcionamiento tradicional de las instituciones de la democracia representativa. Por una parte se expresan tendencias hacia la apatía política y el individualismo privatista conectadas con algunas tendencias sociales de fondo: debilitamiento de identidades, desprecio por lo público, decepciones por actos de corrupción, desconcierto ante la caída de referentes políticos, despreocupación una vez conseguidas unas condiciones de vida dignas, etc. Por otra parte empiezan a expresarse nuevas demandas participativas enraizadas en una ciudadanía mucho más formada, con elevadas capacidades críticas y altamente reflexivas.
Demandas que no entran en contradicción con la democracia representativa pero tampoco encuentran fácil acomodo en ella. Así la mayoría de los autores coinciden en la formación de nuevos instrumentos de acción colectiva que se distinguen notoriamente de la estructura tradicional de los partidos políticos, donde el ejemplo más claro son las ONGs, con el condimento de ser organizaciones que tienen mayor facilidad de adaptación al intangible y fluctuante mundo de los flujos de poder y la informatización. También, señalan Font y Gomá, el engarce de estas articulaciones y valores de nuevo tipo con el proceso político no se realiza por la vía electoral sino por medio de la generación de espacios participativos en los procesos de definición de problemas, de conformación de agendas, de diseño de políticas, de toma de decisiones y de gestión de servicios. Espacios que, por una cuestión básica de escala y proximidad, han tenido sus primeras configuraciones en la esfera política local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Una primera conclusión que salta a la vista es el desigual desarrollo de criterios en torno a lo que es la seguridad ciudadana. En las entrevistas realizadas tanto al personal de la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana como de FLACSO se evidencia una preocupación por superar el concepto de seguridad pública y avanzar hacia el de seguridad ciudadana, donde la Policía, juntamente con la ciudadanía, los órganos encargados de la justicia, el sistema carcelario, los medios, instituciones municipales y otras, confluyan en una visión integral del problema y participen activamente en las soluciones. En cambio, en las personas entrevistadas de la Policía predomina un concepto de seguridad pública: la seguridad está a cargo de la Policía; la participación ciudadana no tiene otro propósito que el de coadyuvar para que la Policía cumpla con su misión; la articulación con otros sectores, como el Municipio, es una oportunidad desde el punto de vista de la generación de recursos para la mejor dotación de equipos.
La Corporación de Seguridad y Convivencia Ciudadana incorpora el concepto de seguridad ciudadana en sus planes. Sin embargo, no aparece como una estrategia clara la formación del personal de Policía en esta manera de ver la seguridad. No se entiende de otra manera el que el Comandante General y otros altos oficiales que están en relación directa con la Corporación sigan manteniendo discursos que tienen que ver más con la seguridad pública.
La Corporación tiene clara la misión de dotar a la Policía de instrumentos tecnológicos que permitan luego evaluar si es un cuerpo eficiente y confiable. Hay una percepción en la Corporación de que la población ha juzgado negativamente a una Policía desprovista de posibilidades para realizar una labor eficiente, y que hay que darle la oportunidad.
Hay cosas que se pueden hacer y que son razonablemente eficaces. En primer lugar, hay que tener un buen diagnóstico y entender el problema. Dejar atrás lo más emocional, lo más primitivo, lo más intuitivo; el linchamiento, por decirlo de alguna manera.
Un segundo tema es que el Estado debe tener una política pública, y este tiene que ser fruto de una discusión nacional; tiene que haber coherencia entre el Congreso y el Ejecutivo; tiene que haber estrategias de largo y mediano plazo; tiene que haber asignación de recursos acorde con prioridad que se le quiera dar. Tiene que haber una política pública, y como ciudadanos es necesario que tengamos capacidad de fiscalización de estas políticas públicas. Y no estamos en cero: desde el Ministerio del Interior avanzamos mucho al respecto, y esos avances podrían ser retomados.
En tercer lugar, se debe continuar y profundizar la reforma de la Policía Nacional, hoy abandonada a su suerte.
La Policía no es la única institución importante para enfrentar el problema, pero es sin duda clave. Si no es eficiente, cercana a la población, profesional y honesta, todo lo demás se cae.
En cuarto lugar, hay que redefinir las prioridades internas en la Policía. Por muchas razones, la Policía ha tenido como última prioridad la seguridad ciudadana.
Con una aguda escasez de efectivos y dado lo imperioso de las amenazas o el impacto político inmediato de los acontecimientos, sus prioridades han estado vinculadas a otros temas; antes al terrorismo y hoy al mantenimiento del orden público.



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